El escándalo de las pulseras telemáticas contra la violencia de género no es un fallo técnico. Tampoco un problema puntual o una anécdota burocrática. Va más allá y en algunos casos, es cuestión de vida o muerte. Unas pulseras que deberían garantizar la seguridad pero que fallan. Y fallan estrepitosamente. El Ministerio de Igualdad sustituyó los dispositivos anteriores, valorados en 1.500 euros, por otros diez veces más baratos, de apenas 150 euros. La justificación oficial fue el ahorro. Pero el presupuesto del Ministerio no se ha reducido; al contrario, se ha disparado. Lo que sí se ha multiplicado son campañas propagandísticas de dudoso gusto y resultado, como la de ‘no hay huevos’. El resultado es alarmante. Según denuncian policías, fiscales y jueces, los dispositivos se desactivan con facilidad, permiten falsear la ubicación y, peor aún, la transición al nuevo sistema borró todos los movimientos anteriores a marzo de 2024. Esa pérdida de información se ha traducido en absoluciones y sobreseimientos de agresores. Dicho de otro modo: el Estado ha destruido pruebas esenciales para la justicia. Las advertencias no llegaron tarde. El Consejo General del Poder Judicial y los presidentes de las audiencias provinciales avisaron de los fallos apenas meses después del cambio de proveedor. La Fiscalía lo confirmó: los errores han sido masivos y las víctimas, las grandes perjudicadas.